Chile y el cambio climático

Luis Larraín

La COP 25, que organiza Chile, es la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la ONU sobre Cambio Climático. Su preocupación principal es lograr una disminución de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), el principal gas de “efecto invernadero” que incide en el calentamiento global, pues más de 50% del cambio climático se debe a la acción del hombre, según el Panel Intergubernamental de expertos de la ONU. El resto sería por causas naturales.

La COP 21, realizada en 2015 en París, celebró un acuerdo que adopta el principio de “responsabilidades comunes, pero diferenciadas entre países”, ya que los grandes emiten la mayor parte del CO2; China (29%), seguida de EEUU (16%), India (7%), Rusia (5%), Japón (4%), y Alemania (2%). Chile aporta sólo el 0,23% al total y sus emisiones per cápita son muy inferiores al promedio de la OCDE.

En la COP 21 Chile se autoimpuso metas muy ambiciosas de reducción de CO2: 30% para 2030 en relación al valor de 2007. De 17 países de Latinoamérica, el compromiso del nuestro, que aporta sólo el 4,48% de las emisiones de la región, es el segundo más ambicioso luego de Costa Rica.

¿Se justifica un esfuerzo tan grande de Chile?

Es dudoso. Aportamos muy poco al calentamiento global y, sin embargo, somos uno de los países más afectados. Las políticas sobre cambio climático se dividen entre las de mitigación (menores emisiones) y las de adaptación, que se hacen cargo de minimizar los efectos del cambio climático con medidas tan diversas como la gestión de los recursos hídricos, prevención de incendios y en general disminución de la vulnerabilidad. Tampoco se trata de ser un “free rider”, pues pese a la escasa emisión de Chile, entre todos los países con aportes menores a 2% juntan un 37% del total. La racionalidad nos dice, en cualquier caso, que nuestro énfasis debe estar en medidas de adaptación al cambio climático.

Respecto a la mitigación, hay dos instrumentos que aparecen como los más eficientes para disminuir las emisiones de CO2. El primero es vía impuestos directos, donde se paga una cantidad fija por tonelada de carbón emitida. El segundo es por la vía de máximos de emisión a una industria, donde cada tonelada de carbono equivalente tiene que contar con un permiso. Como estos son limitados, las compañías pueden transar sus permisos entre ellas. Esto permite compensar las emisiones con otras acciones que disminuyen la emisión de CO2. La generalidad de los países aplica ambos tipos de instrumentos que son eficientes, pues introducen los incentivos correctos para enfrentar el problema. La reforma tributaria aprobada en la Cámara de Diputados discurre en la dirección correcta, al usar ambos instrumentos.

Sin embargo, el uso unilateral de estos instrumentos puede generar un problema: la fuga de carbono. Ella se produce porque aumentan los costos operacionales de las industrias afectadas en un país, lo que genera una desventaja competitiva y puede llevar a la sustitución de producción local por importaciones o incluso la relocalización de la producción intensiva en carbono a países con regulaciones más laxas. Así, la disminución de la emisión local se ve anulada por el aumento en el otro país. Peor aún, es probable que las emisiones globales aumenten por los costos de transporte y procesos productivos con tecnologías menos eficientes.

En ese sentido, es válido el principio de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas, como criterio rector de nuestras políticas y acuerdos en materia de cambio climático.